Reporte Minero
Septiembre 2022

QUE HAY DE NUEVO EN MINERÍA

Bolivia va tras el uranio, las tierras raras y otros minerales escasos

El Deber

19/07/2022: La creciente demanda de minerales escasos ha generado interés para el Gobierno boliviano, concretamente por su carácter fundamental para la industria tecnológica (equipamiento médico, radares, pantallas led, microprocesadores, baterías, etc.). En ese sentido, a través del Decreto Supremo 4721, la estructura del Ministerio de Minería y Metalurgia se modifica incorporando el Viceministerio de Minerales Tecnológicos y Desarrollo Productivo Minero Metalúrgico, entidad que implementará estrategias de desarrollo de la cadena productiva de minerales tecnológicos y tierras raras para su industrialización.

Recaudación tributaria por minerales sube en 1.277% a junio

Los Tiempos

12/07/2022: A junio de este año, la recaudación tributaria en el mercado interno del sector de minerales metálicos y no metálicos subió en 1.277 por ciento en comparación al mismo periodo de 2021. El monto supera a las recaudaciones tributarias del sector de petróleo crudo y gas natural (sin considerar el IDH) en 173 por ciento, de acuerdo con la información del Servicio de Impuestos.

Se ve un repunte de la minería por los altos precios internacionales y el mayor volumen de producción. Durante el primer semestre de 2022 se recaudó en el mercado interno 2.392 millones de bolivianos del sector de minerales metálicos y no metálicos. Con esta cifra se pasa lo recaudado en este sector durante todo el año pasado: 891 millones.

El 96% de las exportaciones de La Paz es minería o sus manufactureras

Los Tiempos

14/07/2022: El Instituto Nacional de Estadística (INE) reportó que el 96,5% de las exportaciones de La Paz en 2021 fueron minerales; el 85% correspondiente a oro metálico y en joyas. En 2021, el departamento exportó 2.484 millones de dólares, de los cuales el 92 por ciento corresponde a la industria manufacturera (el oro, así como otros metales y derivados).

Los principales países de destino de las exportaciones paceñas son India (51%), Emiratos Árabes (15%), Italia (10%), Estados Unidos (6%), China (4%), entre otros.

Las cifras revelan que el Producto Interno Bruto (PIB) de La Paz creció en 5,3% en 2021 después de una caída de 11,1% que se registró en 2020, el año en que comenzó la pandemia. A mayo de 2022 las exportaciones llegaron a 1.088 millones de dólares.

Bolivia explora salares para identificar nuevas áreas ricas en litio

El País

30/08/2022: El gobierno boliviano se encuentra ejecutando un proyecto de exploración en los salares de Coipasa en Oruro y Pastos Grandes en Potosí con la finalidad de identificar y cuantificar nuevas reservas de litio. Las zonas de mayor concentración de litio definidas por exploración serán cercadas para iniciar la industrialización mediante la tecnología de extracción directa de litio.



Una propuesta de proyecto de ley plantea cambio en política sobre litio

El Diario

31/08/2022:

Durante una presentación al presidente del Estado, Luis Arce, el Comité Cívico Potosinista (COMCIPO) expuso el alcance de una propuesta para el tratamiento de los recursos evaporíticos. Mediante la propuesta, COMCIPO busca un cambio en la política nacional, buscando la participación de empresas privadas, nacionales o extranjeras, en las actividades mineras ligadas a la explotación del litio. Además, plantea un cambio en la política sobre el litio y regalías departamentales que oscilen entre el 11 y20% de las exportaciones en función de dos variables:  rentabilidad y precio en el mercado internacional.

ANÁLISIS Y OPINIÓN

Actividades mineras y medio ambiente

El Reglamento Ambiental para Actividades Mineras aprobado mediante Decreto Supremo No. 24782 (DS 24782) prevé que toda empresa que realiza actividades mineras debe contar con una licencia ambiental para tal efecto. El incumplimiento de esta previsión genera responsabilidad administrativa y, en su caso, penal. No contar con una licencia ambiental, al igual que la omisión de las obligaciones ambientales contenidas en la licencia ambiental y aquellas impuestas por la regulación ambiental vigente, puede provocar la reversión de los derechos mineros del titular en favor del Estado.

Las licencias ambientales para empresas mineras gozan de una prerrogativa que las diferencia de las demás licencias otorgadas a empresas dedicadas a otros rubros, toda vez que estas son de carácter indefinido por el tiempo de duración de la actividad minera. Dado el alcance y repercusión ambiental de las actividades mineras, estas deben cumplir con obligaciones de remediación ambiental incluso en las fases de cierre y post-cierre una vez culminadas las actividades mineras.

Ahora cabe hacerse la pregunta de si las previsiones establecidas por la regulación son suficientes para garantizar la correcta remediación ambiental de las áreas y colindancias afectadas por la actividad minera. En síntesis, la respuesta es no. La minería es una de las actividades más contaminantes con directa incidencia en el medio ambiente, pero, al mismo tiempo, implica cuantiosos ingresos tanto para la administración pública como para los actores (privados, cooperativas, estatales) involucrados directamente en la minería. Históricamente, la minería ha sido un pilar fundamental en la economía boliviana, que nuevamente adquiere la relevancia de antaño debido al carácter estratégico que se le ha otorgado a las reservas de litio en Bolivia.

En la actualidad, la minería cumple un papel preponderante en la economía boliviana y atrae el interés de actores productivos mineros privados, nacionales y extranjeros, dispuestos a invertir en las actividades de la cadena productiva minera. Los actores involucrados en actividades mineras deben tomar en cuenta la importancia en el cumplimiento de la normativa ambiental toda vez que su omisión puede acarrear la imposición de sanciones por parte de la Autoridad Ambiental Competente (AAC) que, en la mayoría de los casos, es la Secretaría de Medio Ambiente dependiente del Gobierno Autónomo Departamental que corresponda.

Según el Decreto Supremo 26705 (DS 26705), las sanciones por la comisión de infracciones de carácter ambiental son: (i) amonestación escrita, cuando la infracción es por primera vez, siempre que no cause impactos severos sobre el medio ambiente; (ii) amonestación escrita y multa equivalente a una cifra del 3 por 1000 sobre el monto total del patrimonio o activo declarado de la empresa, proyecto u obra, en caso de que la obra o proyecto cause impactos ambientales severos o conlleve peligro inminente sobre la salud humana o el medio ambiente; (iii) multa equivalente a la cifra del 3 por 1000 sobre el monto total del patrimonio o activo declarado de la empresa, proyecto u obra, en caso de que la infracción no sea enmendada, y revocación de la licencia ambiental en caso de reincidencia de la infracción que genere impactos sobre el medio ambiente, hasta que se dé cumplimiento al condicionamiento ambiental. Asimismo, la AAC puede disponer la suspensión de actividades de la empresa minera hasta que esta cumpla con el o los condicionamientos ambientales.

La responsabilidad por la inobservancia de obligaciones ambientales no termina con la imposición de sanciones administrativas por parte de la AAC. Como se refirió anteriormente, la regulación minera obliga a los actores productivos mineros a cumplir estrictamente la normativa ambiental. El incumplimiento de obligaciones ambientales es causal de extinción de derechos mineros previa resolución de contrato administrativo minero o revocación de licencias (de prospección y exploración, de prospección aérea u otros). En el caso de contratos administrativos mineros, es común que se disponga que el incumplimiento de la legislación ambiental es causal de resolución de contrato, por lo que la Autoridad Administrativa Jurisdiccional Minera (AJAM), a solicitud expresa y debidamente justificada de la AAC, mediante acto administrativo fundamentado, firme y estable en sede administrativa, podrá iniciar el procedimiento de reversión de derechos.

La reversión de derechos mineros es una causal de extinción y suspensión de derechos mineros previa sustanciación del procedimiento administrativo y judicial correspondiente que, en caso de declarar probada la causal de resolución y agotadas las vías legales de impugnación, dispone la reversión de áreas mineras al dominio del Estado. La pérdida de derechos mineros por cualquier causa no libera al titular del cumplimiento de sus obligaciones de remediación ambiental conforme a la respectiva Licencia Ambiental y normas aplicables.

El estricto cumplimiento de obligaciones ambientales por parte de las empresas mineras es coercitivo y su omisión implica sanciones administrativas por parte de la AAC que pueden llegar a paralizar el proyecto. La regulación ambiental vigente (promulgada en 1997) se empeña en velar por que las empresas mineras cuenten con planes de operación, aplicación, remediación idóneos para sus actividades. Hoy en día, existen instrumentos como los bonos de carbono que podrían permitir la captación de fondos para fines de remediación ambiental que permitirían a las empresas mineras aportar  directamente en la preservación del medio ambiente en la medida que generan contaminación, sin embargo, estos son inaplicables en Bolivia toda vez que la Constitución Política del Estado establece una prohibición a la titularización de los recursos naturales y el ente estatal interpreta esto como una prohibición directa a la emisión de bonos de carbono en Bolivia. En ese sentido, existe espacio para una reforma legislativa para que la regulación ambiental busque generar condiciones que sean en verdad favorables para el ecosistema, considerando que las actividades mineras van a prevalecer en Bolivia dada su incidencia en la economía.

SABÍAS QUE...

Régimen jurídico del litio en Bolivia

El litio cumple un papel fundamental en la actualidad, toda vez que permite el almacenamiento masivo de energía en espacios reducidos. El litio es necesario para la fabricación de baterías de teléfonos móviles, placas solares, electromovilidad, entre otros, razón por la cual es uno de los metales más codiciados en la actualidad. Tres de los países con mejores perspectivas para beneficiarse del litio son Argentina, Bolivia y Chile, que concentran el ochenta y cinco por ciento de las reservas mundiales conocidas.

Bolivia se ubica entre los principales exportadores de litio del mundo. Según datos del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), entre enero y junio de 2022, Bolivia exportó 434 toneladas de carbonato de litio por un valor de 23,5 millones de dólares estadounidenses, las cuales fueron exportadas a los mercados de China, Rusia y Estados Unidos.

Bolivia, a través de la Ley No. 535 de Minería y Metalurgia (Ley 535) establece que el Estado boliviano podrá reservar minerales que considere estratégicos para su explotación exclusiva por empresas estatales. La Ley 535 establece como áreas reservadas los salares y lagunas saladas de Uyuni, Coipasa, Chiguana, Empexa, Challviri, Pastos Grandes, Laguani, Capina, Laguna, Cañapa, Kachi, Colorada, Collpa, Lurique, Loromayu, Coruto, Busch o Kalina, Mama Khumu, Castor, Coranto, Celeste, Hedionda, Kara, Chulluncani, Hedionda Sud, Salares en Saucarí, Sajama y Sajama Sabaya. Adicionalmente, declara al litio, al igual que al potasio, como elementos estratégicos cuyo desarrollo se realizará a través de empresas mineras estatales exclusivamente.

Por tal motivo, mediante la Ley No. 928 del 27 de abril de 2017 (Ley 928), se creó la empresa pública nacional estratégica denominada Yacimientos de Litio Bolivianos – YLB. De acuerdo con ella, YLB es responsable de realizar con exclusividad la prospección, exploración, explotación, beneficio, refinación y comercialización del litio, con una participación cien por ciento estatal. Sin embargo, la Ley 928 permite que procesos posteriores de semi industrialización, industrialización y procesamiento de residuos se pueden realizar mediante contratos de asociación con empresas privadas nacionales o extranjeras, manteniendo la participación mayoritaria del Estado boliviano.

Es evidente que el Estado boliviano precautela sus intereses sobre el litio, por lo que se ha empeñado en concentrar prácticamente la totalidad de las actividades de la cadena productiva minera en una empresa estatal -YLB-, con la única salvedad de que, para los procesos de industrialización, podrá apoyarse en actores productivos mineros privados, nacionales o extranjeros. Esta situación es recurrente en la historia de Bolivia, que cuenta con uno de los yacimientos de litio más importantes en el mundo pero que no tiene ni la tecnología, ni los profesionales, ni los recursos necesarios para afrontar la industrialización del litio sin la participación de empresas privadas. Lamentablemente, aún existen vacíos legales en la regulación que no permiten materializar la colaboración entre Estado y privados, siendo imperante una actualización normativa para proceder con la industrialización del litio en Bolivia.

Considerando todo ello, el Estado boliviano a través del Gobierno Central promulgó el Decreto Supremo No. 4721 del 18 de mayo de 2022 (DS 4721), el cual establece modificaciones en la estructura del Ministerio de Minería y Metalurgia, que permitan implementar estrategias de desarrollo e industrialización minera de minerales tecnológicos y tierras raras, pero dejando fuera del alcance de la norma al litio. Recientemente, durante una presentación al presidente de Bolivia, Luis Arce, el Comité Cívico Potosinista (COMCIPO) expuso una propuesta de ley que plantea un cambio en la política sobre el litio y regalías departamentales que oscilen entre el 11 y 20% de las exportaciones en función de dos variables: rentabilidad y precio en el mercado internacional, y que además permita la participación de privados en las actividades de producción de litio. 

Dado el interés del Estado boliviano en la explotación e industrialización de tierras raras y minerales tecnológicos y toda la coyuntura actual que rodea al litio y su desarrollo, es imprescindible que se continúe desarrollando el marco normativo necesario para que la industrialización del litio sea una realidad a corto plazo, de la cual participen tanto el Estado boliviano como actores privados.

Contacto

Si requiere más información sobre el contenido del presente documento, el equipo de PPO queda a su disposición.

Victor Armaza

aSociado

Mattias Garrón

Socio

Bruno Rojas

aSociado

Reporte Minero Septiembre 2022

Actividades mineras y medio ambiente

La minería cumple un papel preponderante en la economía boliviana, pero ¿son suficientes las previsiones establecidas por la regulación para garantizar la correcta remediación ambiental de las áreas afectadas por la actividad minera? 

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