Dada la existencia precolonial de las comunidades, naciones y pueblos indígena originario campesinos, el Estado boliviano reconoce entre sus bases fundamentales la participación de éstas en los diferentes ámbitos de desarrollo económico, como es la minería. Es decir que, desde un inicio, la actividad minera desarrollada en Bolivia se ha visto condicionada no sólo por aspectos netamente legales y técnicos, sino que abarca un componente social sumamente fuerte y determinante a la hora de llevarse a cabo. 

En ese sentido, la planeación, preparación y especialmente la ejecución de las actividades mineras en nuestro país, exige a los titulares – además de otros requisitos exigidos por ley – que soliciten lo que en materia de minería se denomina como “licencia social”, que se refiere a la aprobación continua y  aceptación social que otorga la comunidad de un lugar en específico y/o las partes interesadas para que los titulares de  derechos mineros puedan realizar actividades mineras en concreto. Ahora bien, cabe precisar que, si bien la figura de la  “licencia social” no se encuentra formalmente plasmada  en instrumentos legales, se constituye como un aspecto que  se realiza en base al reconocimiento de la existencia y  derechos de los pueblos indígenas, originarios y campesinos. La autonomía indígena reconocida en la Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” y la costumbre como medio de creación del derecho que, debido  a su habitualidad a lo largo del tiempo, ha convertido esta  figura en un aspecto jurídicamente exigible.

Por otro lado, el Art. 30, parágrafo II, numeral 15 y 16 de la Constitución Política del Estado abarca la figura de “consulta  social” y establece que, toda colectividad humana que  comparta identidad cultural, idioma, tradición histórica,  instituciones, territorialidad y cosmovisión tiene derecho a ser consultada mediante procedimientos apropiados, cada vez que se prevean medidas susceptibles de afectar a la comunidad, respetando y garantizando el derecho a la   consulta previa obligatoria realizada por el Estado respecto  a  la explotación de los recursos naturales no renovables en  el  territorio que habitan estas comunidades y permitiendo  la  participación de estas en los beneficios de la explotación  de los recursos naturales de sus territorios.

En complemento, la Ley 535 de 28 de mayo de 2014 Ley de  Minería, Metalurgia, establece algunos lineamientos sobre la  consulta previa en materia de minería e indica que las operaciones mineras que comprendan sólo prospección y exploración no requieren de consulta previa propiamente, y  señala algunas otras excepciones que no están sujetas al 
procedimiento de dicha consulta.

Es así que, es menester comprender que tanto la licencia  social como la consulta previa, se trata de procesos de  diálogo intra e intercultural, de buena fé, libre e informado  que contempla por un lado, el relacionamiento de los  titulares y las comunidades, y por otro lado, el desarrollo de  etapas sucesivas de un procedimiento entre el Estado, el  actor productivo minero solicitante y las comunidades como sujeto de la consulta. Ambas figuras con la finalidad de  alcanzar acuerdos y cooperación en el marco de la ley.

La licencia social presenta carácter vinculante entre el actor productivo minero y la comunidad y ésta emerge de acuerdos estratégicos y de interés público para el desarrollo del país y su administración. En otras palabras, entre los objetivos que se buscan obtener con la licencia social, es fomentar la oportunidad de desarrollo que tienen las comunidades ancestrales en la medida que se benefician de los acuerdos obtenidos con los productores mineros que solicitan una licencia social.

Este tipo de relacionamiento con las comunidades si bien conlleva una perspectiva social, es el claro ejemplo de protección y garantía de los derechos que tienen las   comunidades que ejercen un dominio sobre sus territorios. Una figura que exige el relacionamiento entre los actores productivos titulares de derechos mineros y los comunarios de la zona en donde se desea realizar la actividad minera.

Algunos de los efectos legales que puede emerger de un buen o mal relacionamiento con las comunidades, está la autorización total, parcial o nula del proyecto minero, la revocatoria de la licencia social, el otorgamiento o no de la  licencia ambiental en merito a aspectos sociales que puedan influir en ello, la suspensión total o parcial del proyecto  minero, entre otros que, en fin, constituyen y/o producen  efectos legales emergente de un componente social.

Es así que, el relacionamiento con las comunidades desde una perspectiva legal conlleva un desafío dinámico y determinante para el sector minero, toda vez que, incentiva el crecimiento y desarrollo económico-social en áreas rurales y compromete al sector productivo al respeto de las culturas, creencias, religiones, tradiciones históricas, instituciones, territorialidad y cosmovisión de las comunidades ancestrales que habitan desde tiempo inmemorables nuestro país y representan la riqueza de Bolivia.