En junio de 2024, el Banco Central de Bolivia (BCB) dejó sin efecto la resolución que prohibía la utilización de criptoactivos en el sistema de pagos nacional. Antes de esta modificación, las entidades financieras reguladas se encontraban imposibilitadas de realizar transacciones vinculadas a criptoactivos; estas entidades debían entender dichas transacciones como operaciones sospechosas y reportarlas a la Unidad de Investigaciones Financieras (“UIF”).