Durante años, el debate sobre el futuro de la minería boliviana fue enfocado en la riqueza geológica del país. Sin embargo, en la minería moderna, el éxito de una jurisdicción no depende únicamente de lo que existe en el subsuelo. Depende también de la capacidad de su marco regulatorio para atraer el capital, la tecnología y el conocimiento necesarios para transformar esos recursos en proyectos productivos. La Ley 535 reflejó un esfuerzo importante por reorganizar el régimen minero boliviano y adecuarlo al contexto económico e institucional de su momento.
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