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Noticias Fides
16/03/2025: La Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin) ha solicitado la derogación de ciertas restricciones establecidas en el artículo 93 de la Ley de Minería y Metalurgia. Específicamente, buscan anular la prohibición de realizar actividades mineras en proximidades de cabeceras de cuenca, lagos, ríos, vertientes y embalses, argumentando que estas restricciones afectan su desarrollo productivo.
COMIBOL
09/04/2025: Se ha informado que, de las 56 bocaminas que operaban en la extracción de minerales en el Cerro Rico de Potosí, 36 han sido clausuradas. Se prevé el cierre definitivo de 10 minas adicionales y la suspensión de ocho más para el año 2026, con el objetivo de mitigar los impactos ambientales y sociales en la región.
Resumen Latinoamericano
27/02/2025: La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) ha anunciado la suspensión de actividades mineras ilegales en 13 áreas de la Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazónica Manuripi y la Reserva Forestal de Inmovilización Iturralde, en los departamentos de Pando, La Paz y Beni. Esta acción se deriva de un proceso penal por presunta minería ilegal en dichas zonas.
SENARECOM
06/04/2025: El Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (SENARECOM) ha suscrito un convenio con la Cooperativa Minera Nueva Calamarca R.L. Este acuerdo tiene como objetivo mejorar los procesos de liquidación en la comercialización de minerales y metales, asegurando transparencia y eficiencia en las operaciones.
Ministerio de Minería y Metalurgia
12/03/2025: El Servicio Geológico Minero (Sergeomin) y la Gobernación de Potosí firmaron un convenio para la ejecución de dos proyectos de prospección y exploración minera en el departamento de Potosí. Este acuerdo busca fortalecer la autonomía regional en la gestión minera y mejorar la fiscalización y control del transporte de minerales y metales, incrementando las regalías y contribuyendo al desarrollo económico local.
Paralelismos en la Regulación del Sector Extractivo: Lecciones para Inversores Canadienses en Bolivia
Bolivia, al igual que Canadá, tiene una historia larga y compleja de colonización y relaciones estatales con los pueblos indígenas, especialmente en el contexto de industrias extractivas como la minería y la producción de petróleo y gas. Estas dinámicas históricas y sociopolíticas compartidas dan lugar a similitudes notables en la forma en que se aprueban las actividades extractivas en ambos países. Como resultado, los inversionistas canadienses que exploran oportunidades en Bolivia pueden encontrar elementos familiares en el panorama regulatorio y de relacionamiento comunitario.
Consulta como Requisito Legal.
En Bolivia y Canadá, el proceso de aprobación de actividades extractivas comienza con consultas obligatorias y extensas a las comunidades indígenas o locales afectadas.
En Bolivia, el artículo 30 de la Constitución Política del Estado establece que toda comunidad con identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión compartidas tiene derecho a ser consultada antes del inicio de cualquier actividad extractiva (u otra actividad empresarial) que pueda afectarla. Estas consultas deben llevarse a cabo mediante procedimientos culturalmente adecuados y completarse antes del inicio del proyecto.
De manera similar, en Canadá, la consulta a los pueblos indígenas, definidos como Primeras Naciones, Inuit o Métis, es un requisito constitucional previo al inicio de actividades extractivas en áreas que afecten sus derechos o territorios. Este deber surge de la Sección 35 de la Ley Constitucional y ha sido reafirmado por numerosas sentencias de la Corte Suprema. Si bien la obligación legal de consultar recae generalmente en el gobierno federal o provincial, las empresas privadas suelen participar activamente en el proceso de consulta como parte esencial para obtener las aprobaciones regulatorias.
El Rol del Consentimiento y la “Licencia Social”
Más allá de la consulta, el consentimiento juega un papel clave en ambos países.
En Bolivia, las empresas deben obtener lo que comúnmente se conoce como ‘licencia social’: la aprobación y aceptación continua del proyecto por parte de la comunidad local. Aunque este concepto no está formalizado en la legislación, tiene efectos prácticos vinculantes, especialmente en el sector minero. La falta de una licencia social puede resultar en la suspensión parcial o total del proyecto, además de otros riesgos legales y operativos.
En Canadá, el marco de consentimiento ha evolucionado, particularmente con la ratificación por parte del gobierno de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP).
Este marco incluye la obligación de obtener el consentimiento libre, previo e informado antes de iniciar proyectos en tierras indígenas. Sin embargo, bajo la legislación canadiense actual, no obtener dicho consentimiento no impide necesariamente que un proyecto avance, excepto en casos donde se ha reconocido legalmente el título indígena sobre el territorio.
Resistencia Sociopolítica y Expectativas Comunitarias
A pesar de las diferencias en la exigibilidad legal del consentimiento, ambos países enfrentan desafíos sociopolíticos que pueden retrasar o interrumpir significativamente los proyectos.
En Canadá, los movimientos de protesta han sido centrales en el debate sobre el sector extractivo. Un ejemplo destacado ocurrió en 2020, cuando miembros de la Nación Wet’suwet’en y sus aliados bloquearon infraestructuras en oposición al gasoducto Coastal GasLink. Las protestas causaron importantes interrupciones económicas a nivel nacional, a pesar de que la construcción finalmente continuó.
De manera similar, en Bolivia, comunidades locales y comités cívicos han protestado contra operaciones extractivas. En 2023, manifestantes liderados por el Comité Cívico de Potosí (Comcipo) bloquearon una planta de procesamiento de litio exigiendo garantías legislativas para una mayor participación local y aumento de regalías. La amenaza de una huelga indefinida destacó la importancia del compromiso comunitario y del reparto equitativo de beneficios.
Participación Económica y Reparto de Beneficios
Tanto Bolivia como Canadá han desarrollado mecanismos para incluir económicamente a las comunidades indígenas y locales en proyectos extractivos.
En Bolivia, las demandas por una mayor participación en las ganancias y regalías, especialmente en regiones ricas en recursos como Potosí, han ido en aumento. De manera similar, en Canadá, las comunidades indígenas negocian con frecuencia Acuerdos de Beneficio e Impacto (IBA), acuerdos de reparto de ingresos, participación accionaria u otras formas de compensación relacionadas con proyectos extractivos.
Conclusión
Los inversionistas canadienses que operen en Bolivia encontrarán un entorno regulatorio que, si bien distinto en su estructura legal, refleja aspectos clave del sistema canadiense. Ambos países requieren consultas significativas con las comunidades afectadas, han desarrollado marcos para el consentimiento, enfrentan resistencia sociopolítica ocasional y priorizan e reparto de beneficios.
Comprender estos paralelismos puede ayudar a los actores canadienses a navegar con mayor eficacia el sector extractivo boliviano, aprovechando su experiencia doméstica para fomentar asociaciones respetuosas, informadas y sostenibles en el extranjero.
¿Sabías que los elementos de tierras raras son esenciales para la transición global hacia las energías renovables y las tecnologías avanzadas? Estos minerales se utilizan en la fabricación de vehículos eléctricos, turbinas eólicas, teléfonos inteligentes y otros dispositivos de alta tecnología. En Bolivia, se han identificado más de 17 variedades de tierras raras, principalmente en los departamentos de Cochabamba, Potosí y Santa Cruz, lo que ha atraído el interés tanto del Estado como de actores internacionales. Aunque el país aún no cuenta con una legislación específica sobre tierras raras, su extracción está regulada por normativas más amplias como la Ley N.º 535 de Minería y Metalurgia y la Ley N.º 1333 del Medio Ambiente. Estas leyes establecen un marco legal para las actividades mineras y garantizan la protección ambiental.
En 2022, el gobierno boliviano creó el Viceministerio de Minerales Tecnológicos para diseñar e implementar políticas públicas destinadas al desarrollo e industrialización de minerales estratégicos, incluidas las tierras raras. Además, la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) anunció un plan de inversión de hasta 3 millones de dólares para la prospección y exploración de estos minerales. Reafirmando el creciente involucramiento de Bolivia en este sector, en marzo de 2025 se firmó un acuerdo de ooperación con Irán para el desarrollo conjunto de proyectos de tierras raras en 28.500 hectáreas en Cochabamba y Santa Cruz. Este acuerdo también contempla cooperación científica, intercambio tecnológico y posibles inversiones conjuntas.
Sin embargo, para que este tipo de asociaciones sean sostenibles y beneficiosas, deben respetar los principios constitucionales de Bolivia, particularmente en lo relativo a la soberanía nacional sobre los recursos naturales. Es fundamental que cualquier acuerdo comercial contemple mecanismos claros de distribución de beneficios, transferencia tecnológica, protección ambiental y laboral, y la participación activa del Estado boliviano en la toma de decisiones estratégicas.
La explotación de tierras raras también presenta desafíos, especialmente debido a los riesgos ambientales y la complejidad técnica de su extracción. Por esta razón, Bolivia debe fortalecer su marco legal y técnico para garantizar una explotación sostenible y respetuosa con las comunidades locales y los ecosistemas. El desarrollo responsable de las tierras raras podría convertirse en un motor importante para la economía boliviana, si se gestiona con previsión y responsabilidad.
La Resolución Administrativa Interna AJAM/DJU/RES-ADM/5/2025 introduce una metodología actualizada para el cálculo de las patentes mineras, en particular en lo que respecta a los pagos realizados fuera del plazo establecido. Esta actualización responde a la necesidad de cumplir con el artículo 2 de la Ley N.º 2434, que establece la actualización de aranceles aduaneros, tributos y patentes adeudadas al Estado en función de la variación de la Unidad de Fomento a la Vivienda (UFV).
La nueva metodología mantiene la estructura base previamente establecida, la cual contempla variables como la extensión del área minera (E), el pago por cuadrícula (PG) y el multiplicador por antigüedad (MA), combinados en la formula MG = E x PG x MA para determinar la gestión de pago (MG).
No obstante, la principal modificación radica en la incorporación de un factor de ajuste para pagos realizados fuera del plazo legal. Este factor, denominado FA_PAX, se calcula considerando la variación de la UFV entre la fecha de vencimiento original de la obligación y la fecha efectiva de pago. La aplicación de este factor permite que el monto adeudado se actualice al valor vigente de la moneda, protegiendo así el valor real de la patente y cumpliendo con el principio de mantenimiento del valor previsto en la legislación boliviana. Este ajuste se implementa sin modificar la base imponible definida en la Ley N.º 535, garantizando la legalidad y transparencia del proceso
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Si requiere más información sobre el contenido del presente documento, el equipo de PPO queda a su disposición.
Bolivia, al igual que Canadá, tiene una historia larga y compleja de colonización y relaciones estatales con los pueblos indígenas, especialmente en el contexto de industrias extractivas como la minería y la producción de petróleo y gas. Estas dinámicas históricas y sociopolíticas compartidas dan lugar a similitudes notables en la forma en que se aprueban las actividades extractivas en ambos países.
