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LA RAZÓN
11/06/2025: La SIB advirtió que las reservas actuales de gas natural son de apenas 4,5 TCF, con un consumo anual de alrededor de 0,7 TCF. A este ritmo, las reservas podrían agotarse en cinco años, lo cual obligaría al país a importar gas, profundizando la crisis energética y económica.Además, 70 % de la generación eléctrica depende de gas en termoeléctricas, lo que vuelve al país vulnerable ante una crisis de suministro
LA RAZÓN
14/06/2025: El Gobierno presentó el proyecto de
modificación de la Ley 767, con el propósito de mejorar la rentabilidad de los proyectos de exploración y explotación de gas.
El Comité de Hidrocarburos de la Cámara de Diputados ya aprobó la propuesta técnica, con respaldo de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía. Se espera su tratamiento en comisiones y cámaras para avanzar en su promulgación.
AHORA DIGITAL
31/05/2025: El ministro de Minería y Metalurgia, Alejandro Santos, informó que la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) inició operaciones en nuevas empresas estatales estratégicas para la explotación de oro y antimonio, destacando que la Empresa Minera Amayapampa en Potosí produce actualmente 12 kilos de oro mensuales con maquinaria valorada en más de Bs 39 millones y que se espera aumentar a 15 kilos en junio; además, en 30 días comenzará operaciones la Empresa Minera Pico Suto en San Ramón.
OPINIÓN
07/05/2025: Desde la promulgación de la Ley 1503 en mayo de 2023, el Banco Central de Bolivia (BCB) ha realizado una activa compra de oro fino en el mercado interno, acumulando un total de 23.57 toneladas con un valor aproximado de 2.357 millones de dólares. Solo en los primeros cuatro meses del año 2025, el BCB adquirió 4.94 toneladas de oro, equivalentes a unos 527 millones de dólares, reflejando un ritmo sostenido de compras que contribuye a la consolidación de las reservas.
CÁMARA DE DIPUTADOS DE BOLIVIA
18/06/2025: La Comisión de Gobierno, Defensa y Fuerzas Armadas de la Cámara de Diputados realizó una inspección en la mina Huanuni, ante denuncias de extracción ilegal de minerales (conocida como «juqueo»). El informe preliminar ya fue aprobado por unanimidad y se planea solicitar informes adicionales de los ministerios competentes y coordinar acciones técnicas para avanzar en la investigación.
La Guía para la Emisión de Licencias de Comercialización (Versión 1), aprobada mediante Resolución Administrativa AJAM/DJU/RES-ADM/6/2025, constituye un avance significativo en la regulación operativa del comercio de minerales y metales en Bolivia. Este instrumento responde a una necesidad institucional identificada por diversas direcciones regionales de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) para lograr mayor uniformidad, eficiencia y transparencia en los trámites vinculados a la obtención de Licencias de Comercialización (LCOM).
Adoptada en abril de 2025 como norma interna de aplicación obligatoria para todas las Direcciones Departamentales y Regionales de la AJAM, la guía no modifica la Ley N. º 535 de Minería y Metalurgia ni sus reglamentos. Su propósito es sistematizar y traducir en procedimientos claros y estandarizados lo ya previsto en la normativa, tanto para solicitudes nuevas como para procesos de adecuación. Detalla cada fase del trámite — desde la presentación de la solicitud hasta la emisión de la resolución—, definiendo responsabilidades, documentos requeridos y plazos, lo que evita ambigüedades y reduce la discrecionalidad administrativa. Además, recomienda el desarrollo de un sistema digital para automatizar la gestión de licencias, con alertas sobre vencimientos e incumplimientos.
La guía refuerza la aplicación coherente y uniforme de lo establecido en el capítulo VI de la Ley 535, que regula los requisitos, procedimientos, obligaciones y régimen sancionatorio de la LCOM. Antes de su adopción, la aplicación de estas disposiciones variaba entre regiones. También fortalece la coordinación con entidades como SENARECOM, esencial para verificar registros y datos de comercialización, y vincula la emisión de licencias con otras obligaciones legales, como el pago de la patente minera anual de Bs 20.000, la inscripción en el Registro Minero y el cumplimiento de requisitos ambientales y tributarios.
Entre sus aportes más relevantes se encuentra la estandarización de procedimientos, que reduce criterios discrecionales y mejora la trazabilidad del trámite, incrementando la transparencia institucional. Asimismo, incorpora un procedimiento específico para casos de adecuación, que brinda a operadores previos a la Ley 535 una vía ordenada de regularización, fortaleciendo el control y la fiscalización.
En materia de comunicación, la guía prevé una etapa previa de socialización interna y difusión pública a través de los canales oficiales de la AJAM, garantizando que los operadores conozcan sus derechos y obligaciones. Además, establece la posibilidad de actualizaciones periódicas conforme a cambios normativos o ajustes administrativos que demande la práctica.
La Guía para la Emisión de Licencias de Comercialización es una herramienta clave para consolidar el control estatal sobre el comercio de minerales y metales. Al convertir los mandatos legales en procedimientos operativos claros, fortalece la seguridad jurídica de los administrados, la institucionalidad de la AJAM y el principio de legalidad en el comercio de minerales. Su éxito dependerá de la capacidad operativa de las direcciones regionales y del seguimiento permanente desde el nivel central.
Si bien la minería es uno de los sectores más dinámicos de Bolivia, el uso de mercurio constituye una de las prácticas más contaminantes debido a su aplicación excesiva y descontrolada. Por su carácter tóxico, el uso desproporcionado de este metal provoca graves impactos ambientales, especialmente en ríos, áreas protegidas y comunidades indígenas.
En la región amazónica, diversos pueblos indígenas —cuyo modo de vida y cultura se han desarrollado durante milenios— habitan en zonas ribereñas contaminadas por mercurio. Muchas de estas comunidades dependen de la pesca, tanto para el consumo como para su comercialización. La Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP), en representación de las comunidades afectadas, realizó un estudio científico para medir los niveles de contaminación en ríos amazónicos. Los resultados fueron alarmantes: se detectaron personas con concentraciones de mercurio entre cinco (5) y seis (6) veces superiores al límite recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Reconociendo la magnitud del problema, el Estado Plurinacional de Bolivia suscribió el Convenio de Minamata sobre el Mercurio el 10 de octubre de 2013, lo ratificó mediante la Ley N. º 759 el 18 de noviembre de 2015 y lo puso en vigor el 16 de agosto de 2017. Este tratado tiene como objetivo proteger la salud humana y el medio ambiente frente a las emisiones y liberaciones antropogénicas de mercurio y sus compuestos. Su artículo 7 exige que los Estados parte elaboren, en un plazo máximo de tres (3) años desde la entrada en vigor, un Plan de Acción Nacional PAN) para reducir el uso de mercurio en la Minería de Oro Artesanal y en Pequeña Escala (MAPE).
Aunque Bolivia no cumplió con el plazo establecido, el Viceministerio de Política Minera, Regulación y Fiscalización ha retomado las gestiones para presentar la versión final del PAN antes de que concluya la actual gestión gubernamental. El plan se centra en tres áreas clave:
(i) eliminación de procesos de molienda que utilicen mercurio;
(ii) incorporación de tecnologías limpias y prácticas responsables; y
(iii) aplicación de técnicas para mejorar la eficiencia de extracción.
Asimismo, el PAN se estructura en ocho estrategias para enfrentar los retos de la MAPE:
1.Formalización de operaciones MAPE.
2.Reducción de la minería ilegal.
3.Disminución del uso de mercurio.
4.Control de importaciones y consumo de mercurio.
5.Implementación de un Plan de Mercurio y Salud.
6.Mejora de las condiciones de género en el sector MAPE.
7.Socialización continua del PAN.
8.Facilitar el acceso a financiamiento para la MAPE.
La elaboración de este plan coloca a la minería boliviana en la senda de un procesamiento más eficiente y de una notable reducción en el uso de mercurio.
También impulsa el desarrollo de tecnologías limpias y sostenibles, refuerza el control de importaciones, disminuye los riesgos para la salud derivados de la exposición y fomenta la formalización del sector. En este sentido, la adhesión y el cumplimiento del Convenio de Minamata ofrecen beneficios concretos tanto para los pueblos indígenas como para la propia industria minera.
Contacto
Si requiere más información sobre el contenido del presente documento, el equipo de PPO Indacochea queda a su disposición.
La Guía para la Emisión de Licencias de Comercialización (Versión 1), aprobada mediante Resolución Administrativa AJAM/DJU/RES-ADM/6/2025, constituye un avance significativo en la regulación operativa del comercio de minerales y metales en Bolivia.
