Lindsay Sykes y Enrique MacLean (*)

En el Índice de Percepción de Corrupción 2020 (CPI, por sus siglas en inglés) de Transparencia Internacional (TI), Bolivia ha recibido una puntuación de 31 puntos, siendo 100 el puntaje deseable que corresponde a la percepción de corrupción más baja. Nuestro país se ubica, entonces, en el puesto 129 dentro del ranking mundial, siendo el puesto 179 el que tiene la percepción de corrupción más alta.

Dentro del continente americano, Bolivia ocupa la posición 24 de un ranking de 32 países. El CPI para el continente americano lo encabeza Canadá con 77 puntos, seguida de Uruguay con 71 y Chile / Estados Unidos empatados en 67 puntos. Los únicos países de la región latinoamericana con peor puntuación que la boliviana son República Dominicana (28), Paraguay (28), Guatemala (25), Honduras (24), Nicaragua (22), Haití (18) y Venezuela (15).

Bolivia no ha sido identificada en ninguno de los grupos de mejora o declive notables (variación de 5 puntos o más) en cuanto a su calificación desde el año 2012, cuando TI revisó la metodología de su índice, que se publica desde el año 1995. La poca variabilidad del posicionamiento del país en el CPI durante los últimos ocho años muestra que la corrupción es un problema ya endémico. Además, sugiere que las políticas públicas implementadas para luchar contra ella no han tenido un efecto socialmente significativo, ni tampoco suficiente para colocar al país en dirección ascendente dentro del índice.

Considerando los parámetros de medición, el estancamiento de Bolivia dentro de este ranking mundial y regional –que mide la percepción de la corrupción en distintos países basándose en encuestas realizadas a expertos y miembros de la comunidad empresarial–, puede atribuirse a múltiples causas, como la preservación de estructuras y prácticas burocráticas formalistas, secretistas y complejas, que favorecen las oportunidades y el incentivo para el soborno o la desviación de fondos.

Otro posible factor es la dificultad de acceso a la información pública y falta de compromiso político para legislar su implementación. Esto limita la capacidad de los medios de comunicación y entidades de la sociedad civil para hacer el control de la actividad estatal necesario para la prevención de la corrupción. También existen modelos de gestión obsoletos en la investigación y enjuiciamiento de casos de corrupción y hay una clara ausencia de mecanismos efectivos de protección a testigos, investigadores o informantes en casos de corrupción, lo que incentiva el silencio o la complicidad.

A pesar de la situación anterior, la estabilidad ya señalada en su posicionamiento en el CPI y el hecho de que Bolivia no se encuentre en el extremo del ranking mundial o regional, sugiere que todavía existe oportunidad para superar esta posición inerte, a través de políticas y medidas asertivas y directas que permitan mejorar la situación del país. El hecho de que dos de los países mejor posicionados en el ranking (Uruguay y Chile) estén situados dentro de la región, abre también oportunidades de cooperación regional para el intercambio de experiencias y buenas prácticas en la lucha contra la corrupción.

Asimismo, después de la crisis política de octubre/noviembre de 2019, Bolivia ha demostrado tener capacidad de utilizar vías democráticas para encontrar salidas y soluciones a problemas graves y complejos, y al menos en el escenario político, recuperar la estabilidad de la gobernabilidad. Dicha estabilidad debería favorecer al gobierno de turno en sus esfuerzos para profundizar radicalmente las políticas públicas anticorrupción, tanto desde el ámbito de la prevención (políticas de transparencia), como desde el castigo (reformas judiciales, fiscales y policiales).