La Ley No. 535 de Minería y Metalurgia (Ley 535) asegura que el Estado respeta y garantiza los derechos mineros, la inversión y la realización de actividades de los actores productivos mineros, por lo cual contempla entre sus principios base la seguridad jurídica que debe brindarse a quienes realizan actividades mineras legalmente. El exigir protección plena y efectiva a las autoridades competentes es un derecho consagrado en la Ley 535 y el medio para ejercerlo es a través de la interposición de un Amparo Administrativo Minero, el cual es un precepto jurídico creado a partir de la Ley 535 que permite al titular de derechos mineros materializar y hacer efectiva su solicitud de auxilio y protección estatal frente a perturbaciones o impedimentos que no le permitan continuar con sus actividades y operaciones. Si bien su procedimiento también se encuentra regulado por la ley minera, no refleja claridad y precisión respecto a ciertos aspectos puntuales, por lo cual, la tramitación de esta acción legal no cuenta con un procedimiento uniforme para su tramitación ante las Direcciones Departamentales o Regionales.

El Ministerio de Minería y Metalurgia, a través de la Resolución Ministerial No. 341/2021 de 12 de noviembre de 2021, aprobó el reglamento para la tramitación de Amparos Administrativos Mineros cuyo propósito está orientado a establecer los requisitos y procedimiento genérico para la tramitación de Amparos Administrativos Mineros ante la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), estableciendo, de esta manera, criterios claros para su tramitación y regulando aquellos vacíos y aspectos no tratados por la Ley 535.

El Reglamento establece que el Amparo Administrativo Minero deberá solicitarse ante la Dirección Departamental o Regional correspondiente presentando el “Formulario de solicitud de Amparo Administrativo Minero”, acompañado de otros documentos y constancias de pago de tasas. Dentro de las 48 horas siguientes a la recepción de la solicitud, se debe verificar el cumplimiento de requisitos y debe emitirse un Auto de Admisión, el cual debe señalar fecha para la Inspección in Situ, la cual deberá realizar la AJAM a efectos de acreditar que existen vulneraciones a los derechos mineros, a través de un Informe Técnico Legal que deberá emitir dentro de las 72 horas siguientes de haber realizado la inspección.

La Dirección Departamental o Regional, una vez recibido el Informe Técnico Legal tendrá un plazo de 48 horas para emitir la Resolución correspondiente que rechace u otorgue el Amparo solicitado. En caso de ser otorgado, la AJAM ordenará la restitución del derecho minero y remitirá una denuncia al Ministerio Público, convirtiéndose el titular minero en querellante y/o víctima. Asimismo, la AJAM podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública para la restitución del derecho en favor del titular minero.

Por un lado, este Reglamento llena vacíos jurídicos y procedimentales, generando seguridad jurídica en los titulares de derechos mineros. Por otro lado, incorpora aspectos novedosos y de carácter tecnológico, al establecer que todas las comunicaciones y notificaciones entre el solicitante y la AJAM serán realizadas mediante correo electrónico, fax o medios electrónicos y telemáticos, y que se deben implementar sistemas informáticos y formularios digitales para atender las solicitudes previstas en el Reglamento. Estas inclusiones reflejan la intención de la autoridad minera en reducir los tiempos y trámites que sean necesarios para procesar y atender Amparos Administrativos Mineros y, de esa manera, brindar protección oportuna a los titulares de derechos mineros.