Desde el año 2016, en Bolivia se ha dado un viraje en la relación contractual entre la Corporación Minera de Bolivia -COMIBOL-, empresa estatal y los actores productivos mineros privados y cooperativistas.

Si bien la normativa que aprobó los Contratos de Producción Minera (“MPC”) fue emitida como una medida política dirigida a la anulación de contratos que tenían las Cooperativas mineras con empresas privadas, la Ley No. 845 dio vida a un nuevo marco contractual para el desarrollo de actividades mineras en áreas mineras de titularidad de la COMIBOL.

En el sentido más amplio este tipo de contratos prevé la realización de actividades mineras en áreas de la COMIBOL bajo la premisa que la entidad estatal no cede la titularidad del área y la contraparte debe fijar como compensación un porcentaje de participación económica a su favor, que se calculará sobre el valor bruto de venta.

Desde un punto de vista más especifico este tipo de contratos tiene las siguientes características: 1) se debe fijar un porcentaje de participación económica de la COMIBOL; 2) podrán tener una duración de 15 años, pudiendo prorrogarse por una sola vez; 3) deben contener clausulas similares a los Contratos Administrativos Mineros y 4) requieren de aprobación legislativa.

El MPC debería sustituir a los contratos de arrendamiento y tomar un rol protagónico en la minería estatal, sin embargo, el procedimiento establecido por la regulación hace que este tipo de contrato sea tratado de manera muy burocrática y compleja para que, una vez firmados por la COMIBOL y la otra parte, surtan efectos jurídicos y sean oponibles a terceros. Lo más tedioso dentro de todo el proceso es sin duda la aprobación legislativa del contrato, dado que los filtros para que se llegue a esta etapa son varios y una vez en el poder legislativo, se debe insertar dentro de la agenda legislativa el tratamiento de la ley que apruebe un CPM, lo último ya escapa al control de COMIBOL y/o del órgano ejecutivo.

Respecto al contrato como tal y su aprobación por COMIBOL, el desafío más grande es el consensuar o buscar la aceptación del porcentaje de participación económica de COMIBOL. Tanto la ley como el reglamento aplicable al MPC no determina un rango estimado o un procedimiento para la fijación de este porcentaje, siendo al final de cuentas una decisión discrecional por parte de empresa estatal que podrá aceptar o no una propuesta de la contraparte privada. Este detalle hace que los contratos no cuenten con lineamiento o parámetros que cuiden la factibilidad de proyecto en su integridad y no solo reflejen el beneficio económico de COMIBOL.

Desde un punto de vista técnico-jurídico la discrecionalidad del porcentaje dentro del MPC puede a la larga acarrear observaciones, dado que si la vara se pone muy alta ej. 10% por principios administrativos aplicables se buscaría que todos los contratos satisfagan un porcentaje similar, induciendo que el análisis caso por caso estaría casi anulado.

En contraposición a lo antes expuesto, a través de un Decreto Supremo se dispuso que los contratos de producción minera entre la COMIBOL y las Cooperativas mineras, tenga un porcentaje fijo, predeterminado e innegociable del 1%. Claramente esta diferencia con los operadores mineros privados es sustancial al momento de solicitar un MPC a COMIBOL, dado que las “reglas de juego” en el caso de las cooperativas no están sujetas a la discrecionalidad y son innegociables.

En suma, el MPC se insertó dentro del marco jurídico nacional, pero su aplicación ha estado trabada – en particular para los operadores mineros privados- por un procedimiento largo y por las asimetrías en cuanto al porcentaje de participación de la COMIBOL entre los contratos que firma con las cooperativas y la minera privada.

El gran reto de este tipo de contrato por parte del estado estará en la simplificación de trámite, dando plazos inclusive para la aprobación legislativa, a afecto de generar mayor seguridad jurídica. Asimismo, en cuanto al porcentaje de participación económica de COMIBOL, se debería de alguna manera establecer una banda de porcentajes para el sector privado, donde predomine la viabilidad del proyecto y se consideren todos los impuestos nacionales y las cargas estatales que los operadores mineros privados deben cumplir de manera obligatoria.

Finalmente, una observación adicional es el plazo máximo establecido, dado que, a diferencia al Contrato administrativo minero, el MPC podrá tener una duración máxima de 30 años -incluyendo la renovación de este-, similar plazo al que tiene un AMC, salvo que este último tiene la posibilidad de ser ampliado por el mismo periodo, es decir 60 años en total. Este punto generará un debate una vez que los MPCs que están firmados gocen de efectividad tras la aprobación legislativa, cabe señalar que a la fecha no se aprobó por ley ningún MPC.