Dada la existencia precolonial de las comunidades, naciones y pueblos indígena originario campesinos, el Estado boliviano reconoce entre sus bases fundamentales la participación de éstas en los diferentes ámbitos de desarrollo económico, como es la minería. Es decir que, desde un inicio, la actividad minera desarrollada en Bolivia se ha visto condicionada no sólo por aspectos netamente legales y técnicos, sino que abarca un componente social sumamente fuerte y determinante a la hora de llevarse a cabo.

Como resultado de las políticas de rescate fiscal y el gasto público enfocado en el bienestar, sumado a los conflictos comerciales entre las potencias económicas, muchos países se ven ante el desafío de asegurar estabilidad y fomentar el crecimiento económico.

En el marco de los objetivos del Gobierno boliviano, el país avanza en la transición de la minería tradicional hacia la minería tecnológica, centrada en la exploración, prospección, explotación y comercialización de minerales tecnológicos y tierras raras. Esta iniciativa busca diversificar la economía nacional y aumentar los ingresos generados por la minería.