Por tercer año consecutivo, la firma PPO Abogados (PPO) patrocinó y fue anfitriona del GC Powerlist: Bolivia 2024, evento del destacado directorio británico THE LEGAL 500, que tiene como objetivo distinguir el desempeño de los gerentes legales (GCs) más notables de Bolivia y poner en valor la función que desempeñan en sus empresas.
PPO Abogados (“PPO”) se complace en anunciar que el Dr. José Luis Tufiño se ha incorporado como socio, elevando su número de socios a 11. Cuenta con más de tres décadas de experiencia asesorando a clientes de diversas industrias en asuntos fiscales.
PPO Abogados (PPO) se enorgullece en anunciar que Lindsay Sykes ha sido elegida por unanimidad como la próxima socia administrativa de PPO; su mandato comenzó el 1.º de junio de 2024.
El Boletín Tributario de PPO Abogados, es un documento de periodicidad mensual, que recopila la normativa y las noticias más relevantes en materia de impuestos y aduanas de Bolivia, cuyo objeto es brindar a los clientes y amigos de PPO un panorama de actualidad en un formato interactivo y de lectura amigable.
El Boletín Tributario de PPO Abogados, es un documento de periodicidad mensual, que recopila la normativa y las noticias más relevantes en materia de impuestos y aduanas de Bolivia, cuyo objeto es brindar a los clientes y amigos de PPO un panorama de actualidad en un formato interactivo y de lectura amigable.
El Boletín Tributario de PPO Abogados, es un documento de periodicidad mensual, que recopila la normativa y las noticias más relevantes en materia de impuestos y aduanas de Bolivia, cuyo objeto es brindar a los clientes y amigos de PPO un panorama de actualidad en un formato interactivo y de lectura amigable.
El Ministerio de Trabajo emitió el Instructivo DGTHSO N° 088/2024 de 29 de noviembre de 2024, en el que establece los lineamientos para el pago del Aguinaldo de Navidad de la gestión 2024.
La Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia (ALP) ha publicado el Proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado 2025 (PGE), elaborado por el Presidente del Estado el que deberá ser tratado por la Asamblea en las siguientes semanas.
El Ministerio de Gobierno de Bolivia, en el marco del D.S. 5271 recientemente promulgado, aprobó el “Reglamento para la Importación de Diésel y Gasolinas para su comercialización o consumo propio”, aplicable a personas naturales y jurídicas privadas que busquen importar combustibles para consumo propio o comercialización en el mercado interno. Este reglamento, estará vigente hasta el 20 de noviembre de 2025 o en tanto se mantenga vigente el D.S. 5271.
Todos los días son buenos para ponderar el trabajo de profesionales que han entregado años de sus vidas al ejercicio de un área del conocimiento.
Esta oportunidad, y recordando el Día Internacional de la Mujer quiero saludar a mis colegas profesionales, así como a toda mujer que ha entregado y entrega sus conocimientos y su trabajo en áreas vinculadas al Derecho o a otras áreas.
En las últimas décadas el comercio informal en Bolivia ha crecido de una manera significativa, tanto que, en cualquier lugar en la calle, se puede encontrar personas ofreciendo productos que están identificados con algunas marcas que en muchos de los casos son conocidas, pero no están siendo correctamente utilizadas porque la mayoría de las veces se trata del uso de marcas cuya propiedad corresponde a otros titulares.
En el contexto mundial de los recursos naturales estratégicos y la transición hacia energías limpias, Bolivia ha venido trabajando para consolidarse como un actor importante en el mercado mundial del litio, buscando participar no solo en la extracción e industrialización, sino también en la comercialización de este metal, estableciendo una política de “puertas abiertas” a las empresas que deseen desarrollar actividades directas o indirectas relacionadas al litio en Bolivia.
Desde el año 2016, en Bolivia se ha dado un viraje en la relación contractual entre la Corporación Minera de Bolivia -COMIBOL-, empresa estatal y los actores productivos mineros privados y cooperativistas.
La Ley No. 535 de Minería y Metalurgia (Ley 535) asegura que el Estado respeta y garantiza los derechos mineros, la inversión y la realización de actividades de los actores productivos mineros, por lo cual contempla entre sus principios base la seguridad jurídica que debe brindarse a quienes realizan actividades mineras legalmente.
